Si se aprobara el proyecto, el sistema se convertiría en inviable.-

Los empresarios sostienen que si se aprobara el proyecto, el sistema se convertiría en inviable.

La obligación de aceptar como afiliadas a personas afectadas por alguna enfermedad, incluyendo las que tienen tratamientos de muy alto costo, sin posibilidad de imponer ningún período de carencia (falta temporaria de cobertura) y sin que se contemple cómo se financiarían esas prestaciones, es el punto del proyecto de ley de medicina prepaga más resistido por los empresarios del sector.

Por lo general, los directivos afirman que no rechazan que una ley regule la actividad, pero sin medias tintas varios advirtieron que si lo que se aprobara fuera el proyecto que está en el Congreso el sistema se volvería inviable.

Hoy por hoy, la actividad no está regulada, salvo por la exigencia impuesta a las empresas y entidades de salud respecto de las prestaciones a cubrir: deben garantizar a sus afiliados el Plan Médico Obligatorio (PMO), el mismo que rige para el sistema de obras sociales.

En cuanto a las cuotas, y más allá de que por decisiones políticas el gobierno nacional intentó frenar en los últimos años algunas de las subas, es un tema hoy sin marco normativo.

En los últimos tiempos se produjeron incrementos por arriba del 20% anual promedio, con el argumento de las alzas salariales del sector y del incremento tanto del costo de las tecnologías y tratamientos como de los precios de los bienes y servicios involucrados en los planes.

Las nuevas exigencias que pretende el proyecto -que incluyen la imposibilidad de que la edad de una persona sea causa de rechazo a su afiliación y restricciones para subir las cuotas por esa razón (la edad)- llevaron a más de un directivo a advertir que, de aprobarse la norma, se dejarían de vender planes de salud.
Las razones

El argumento es que una ley podría decirles que no pueden rechazar a nadie, pero no podría obligarlas a seguir vendiendo dentro de un esquema en el que, según sus argumentos y dadas las erogaciones que podría significar la entrada de personas demandantes de tratamientos, se terminará perjudicando a quienes hoy están afiliados.

Más allá de la percepción de que no existe racionalidad en los planteos de la norma, desde las prepagas constituidas como empresas comerciales se cuestiona la discriminación en cuanto a qué entidades quedarán alcanzadas. El artículo 1° de la norma excluye de las obligaciones a cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y a las obras sociales sindicales que vendan planes por fuera del sistema de la seguridad social.

El presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, en declaraciones hechas meses atrás a LA NACION, consideró que sería inconstitucional esa diferenciación, que permitiría que las entidades sin fines de lucro (los hospitales de colectividad, por ejemplo) sí puedan establecer períodos de carencia para enfermedades preexistentes, rechazar afiliados y aumentar las cuotas sin autorización del Gobierno.

Según Belocopitt, la raíz del tema está en que en el debate se le está dando un lugar equivocado al sector privado. “La garantía constitucional del servicio de salud la debe dar el Estado, mientras que la prepaga debería ser una alternativa; esta ley está hecha como si la responsabilidad de la salud fuera primariamente de las prepagas”, se quejó el año pasado, apenas comenzó el debate legislativo.

En las principales compañías de medicina prepaga (además de Swiss Medical están Galeno, Medicus, Omint y Mapfre, entre otras) la mayor parte de los afiliados son en rigor asalariados, por los que existen acuerdos entre las compañías de salud y el empleador.

En este caso, parte o todo el precio se paga con los aportes salariales y las contribuciones patronales del sistema de la seguridad social, derivados a una obra social que, a su vez, tiene un convenio con la prepaga en cuestión.

Estos contratos, en principio, no tendrían modificaciones por la ley en estudio. Sin embargo, desde las prepagas advierten que si la norma lleva a encarecer los contratos, las empresas dejarían de tomar este tipo de planes en forma masiva para sus empleados.

Silvia Stang
LA NACION
Lunes 25 de abril de 2011 |