El Gobierno pone en jaque a las obras sociales.-

El Gobierno Nacional  resolvió mediante decretos centralizar de forma absoluta el manejo de los recursos destinados a las obras sociales.

La Administración de Programas Especiales (APE) es un organismo que maneja un millonario caudal de fondos por los reintegros que gira a las obras sociales sindicales por operaciones e intervenciones de alta complejidad.

La medida fue dispuesta mediante los decreto 1.196, 1.197 y 1.198 publicados en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Salud, Juan Manzur.

Según la medida, la APE -sobre la que Moyano venía reclamando una deuda millonaria para las obras sociales- quedará absorbida dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuyos principales funcionarios fueron reemplazados.

La única excepción es la titular de la Superintendencia de Salud, la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld que asumió en el cargo a principios de mes.

Mediante el decreto 1.196, se aceptó, con fecha 2 de julio, la renuncia del secretario general de Superintendencia de Servicios de Salud, Alejandro Romero, quien será reemplazado en el cargo por Claudia Simomutti.

Mediante el decreto 1.197, se aceptó, con fecha 16 de julio, las renuncias de seis gerentes, del defensor al beneficiario del organismo y de cuatro subgerentes.

Mediate el decreto 1198 se informa:
La Administración de Programas Especiales (APE) no se disolvió y fue absorbida “dentro de la estructura organizativa” de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.SALUD), “a los efectos de asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de las funciones esenciales de Estado” y “para lograr eficiencia en la gestión pública”

La nueva norma continúa con lo establecido antes por el Decreto 366/12, que transfirió a la APE a la órbita de la Superintendencia, a través de la Gerencia General, fijando sus políticas y lineamientos, en el marco de los objetivos y funciones de creación de dicha Administración.

El decreto establece también que la S.S.SALUD debe presentar al Ministerio de Salud de la Nación, en el plazo de  90 (noventa) días, la propuesta de estructura organizativa del Organismo.

Ordenan a Apross cubrir el tratamiento de niño enfermo.-

Un juez de Villa María dictaminó que se responsabilice por los gastos de diversos tratamientos en Córdoba y EE.UU.

El juez de primera instancia y segunda nominación de Villa María, Fernando Flores, ordenó el viernes pasado a la Administracion Provincial de Seguro de la Salud (Apross) que cubra en forma total en tratamiento de un niño de un año y nueve meses que padece una grave enfermedad.

 

• 22/05/2011 13:02 , por Redacción LAVOZ

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El costo para la salud de Josefina al cumplir los 70.-

Los excesos debieron haberse regulado hace rato, pero ahora el Estado se arroga la facultad de decidir todo: el valor de la cuota, el diferencial de la cuota y los ajustes. 

• 08/05/2011 00:01 , por Laura González

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Un análisis sobre la nueva ley.-

Más allá de que en su tratamiento estuvo ausente del debate integral sobre el sistema de salud en la Argentina -que muchos creen necesario y urgente-, la ley aprobada ayer, que limita las subas de cuotas y prohíbe la no admisión de afiliados, no tendrá alcance sobre todo el universo de quienes están amparados por planes de medicina prepaga.

Esa diferenciación de las exigencias es uno de los puntos que despertaron críticas al proyecto, según se pudo escuchar ayer mismo en el recinto de Diputados. Quedan al margen de la regulación las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, y también las obras sociales de los sindicatos, que en algunos casos venden contratos a quienes quieren afiliarse por fuera del sistema de la seguridad social.

Por la explícita alusión -entre las exclusiones- a las entidades de origen sindical, no está clara, por ejemplo, la situación de las obras sociales de ejecutivos, como el caso de OSDE, entidades que a su vez son asociaciones civiles.

La ley establece que las empresas ya no podrán rechazar la afiliación de personas por razones de enfermedad preexistente o de edad. Ese punto es el que más rechazo genera entre las firmas: los directivos señalan que, sin prever cambios en las fuentes de financiamiento, se les exige que reciban a pacientes que podrían requerir tratamientos de alto costo, algo que encarecerá el sistema y perjudicará a quienes ya están adentro.

La norma prevé que quienes ingresen con enfermedades serán sujetos de cuotas de valor diferencial, a fijar por las autoridades regulatorias. “Pero por más extra que se pueda cobrar, ese esquema es inviable”, objeta Hugo Magonza, vicepresidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp).

Desde un punto de vista no económico, el consultor internacional Federico Tobar -para quien la ley es positiva en aspectos que hacen a la defensa del consumidor- afirma que la posibilidad de afiliarse y desafiliarse en función del estado de salud va en contra de la posibilidad de promover una cultura de la prevención, algo que otros países hacen a través de incentivos económicos tanto para los pacientes como para las empresas.

Según advirtieron en varias empresas, la imposibilidad de rechazar afiliados podría llevar eventualmente a decidir no vender más planes.

Otro aspecto de la ley es que define una autoridad de aplicación, compartida entre el Ministerio de Salud (que deberá verificar el cumplimiento del Plan Médico Obligatorio, al que ya están obligadas las empresas) y la Secretaría de Comercio.

Las cuotas, por otra parte, ya no podrán subir sin autorización previa, además de que quedará prohibida la posibilidad de alzas por razones de edad a los mayores de 65 años, si la persona estuvo al menos 10 años en una empresa (o dentro del sistema, según algunas interpretaciones).

Silvia Stang
LA NACION
Jueves 05 de mayo de 2011

Laboratorios de análisis bioquímicos, a favor de la regulación de las prepagas.-

Empresarios del sector afirman que sin la existencia del marco regulatorio, “las empresas de medicina prepaga desde una posición dominante fijaron los precios de los aranceles sin negociar con los prestadores”.

La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB) apoyó hoy el proyecto de ley que regula el mercado de la medicina privada, al señalar que con esa medida, las prepagas “dejarán de tener una posición dominante sobre los usuarios y prestadores”.

“Con la aprobación de esta ley, las empresas de medicina prepaga tendrán un marco regulatorio para evitar imposiciones no sólo sobre sus afiliados, sino también sobre los prestadores de servicios médicos”, enfatizó el vicepresidente de CALAB, Guillermo Rossi.

En un comunicado, el dirigente remarcó que, sin la existencia del marco regulatorio, “las empresas de medicina prepaga desde una posición dominante fijaron los precios de los aranceles sin negociar con los prestadores”. “Esta falta de equidad nos llevó a mantener distintas audiencias con diputados y senadores de las Comisiones de Salud, con el objeto de añadir la figura de los Prestadores al proyecto de ley, teniendo en cuenta que la prestación de la medicina prepaga involucra a tres sectores: empresas, afiliados y prestadores”, puntualizó la entidad.

Así, el proyecto deja expresamente aclarado el deber de las empresas de medicina prepaga de cumplir en tiempo y forma con los pagos a los prestadores, según el modelo elaborado por la autoridad de aplicación.   “Los prestadores de servicios médicos jugamos un rol muy importante en la atención de los afiliados de la medicina prepaga. Si las empresas no pagan en tiempo y forma se dificulta la atención de los asociados, por eso es tan importante que exista un marco regulatorio que nos incluya”, concluyó Rossi.

4-5-11
http://www.mdzol.com/mdz/nota/292728

UPCN ADQUIRIÓ LA FIRMA LÍDER EN ATENCIÓN MÉDICA A DOMICILIO Y ENVÍO DE AMBULANCIAS

Un gremio kirchnerista es el nuevo dueño de la empresa Emergencias

 

El sindicato que lidera Andrés Rodríguez le compró al fondo DLJ el control de IHSA, una sociedad bajo cuyo paraguas operan esta firma y también Medical Aid y Eurosalud

 

ANDRÉS SANGUINETTI Buenos Aires

www.cronista.com

 

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Obras Sociales. Una caja de $2600 millones de por mes

El equivalente al 9% del sueldo bruto de un trabajador en blanco
Los trabajadores contribuyen con 3% del sueldo bruto para la obra social; el empleador paga otro 6 por ciento.
El 15% de los aportes queda en el Estado para prestaciones especiales. APE

Mucho dinero; todos los meses y muy fácil de recaudar.

Los aportes a las obras sociales que mes tras mes depositan los empleados y sus patrones han quedado bajo la lupa de la Justicia en medio de la investigación por medicamentos adulterados. El número no es menor: alrededor de 2600 millones de pesos lubrican el sistema de salud argentino.

La ruta de esos millones se inicia en el recibo de sueldo que se entrega todos los meses a cualquier trabajador. Y desde allí se reparte entre la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las obras sociales, sean sindicales o no y, finalmente, las empresas de medicina prepaga.

El primer eslabón es el descuento que se le hace en el sueldo al trabajar. Actualmente, ese porcentaje es de un 3% del salario bruto. Claro que ese descuento tiene un tope de sueldo que es de 11.829 pesos (en marzo pasará a un valor cercano a los 13.000 pesos). Es decir, a los que cobren más que esa cantidad se les descontará un monto máximo que será el 3% del tope fijado. Este monto máximo de aporte se ajusta periódicamente de la mano de los aumentos en las jubilaciones.

El segundo eslabón es el aporte que mensualmente también hace el empleador, que debe depositar el 6% del sueldo bruto de cada uno de sus dependientes. La gran diferencia entre uno y otro es que el pago de la patronal no tiene topes y siempre será un porcentaje del sueldo, sin importar el monto.

Según datos correspondientes al tercer trimestre del año pasado, y que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector formal argentino tiene 7,52 millones de trabajadores, entre el sector privado y el público, que tienen sueldos en su conjunto por 29.395 millones de pesos por mes.

De esa cifra, alrededor de $ 2600 millones, que equivalen al 9% de ese monto, se vuelcan al sistema de salud. Eso sin contar todas las partidas que el gobierno nacional y las administraciones provinciales y municipales destinan al sistema de salud pública.

¿Qué significa esa cifra? Pues alrededor de la mitad de lo que se destina anualmente para que funcione el Poder Judicial de la Nación, que tiene un presupuesto para 2011 de alrededor de 5000 millones de pesos.

Esos millones, a su vez, también se dividen. El 85% del monto va a las obras sociales sindicales, que son las grandes destinatarias de los aportes de los trabajadores. El resto va a una cuenta de la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre otras cosas, con los fondos en poder de la Superintendencia se lubrica la Administración del Programa Especial (APE), el sospechado sistema que ahora investiga la Justicia mediante el cual las obras sociales sindicales cobran los tratamientos prolongados y de alta complejidad que tienen que practicarse sus afiliados. La Justicia sospecha que muchas obras sociales presentaban troqueles falsificados de remedios para hacerse de reintegros que no habían pagado nunca.
Y ahora, las prepagas

Claro que hay muchos trabajadores que derivan sus aportes a las empresas de medicina prepaga. La mayoría de estas empresas no son obras sociales y, por lo tanto, no pueden percibir directamente aportes de los trabajadores. Pero, a diferencia de muchas organizaciones sindicales, tienen la posibilidad de dar prestaciones. Una con el dinero y la otra con la prestación, pues prepaga y obra social negocian para que una recaude y la otra preste servicios.

En promedio de aquel 9% inicial, a la obra social sindical llega un 7,6% del salario del trabajador. Y en una última división, en los casos en que éstas contratan una prepaga, a las compañías privadas llega cerca de un 6,9% del sueldo promedio.

La negociación entre el recaudador sindical y el prestador privado tiene una tercer punta: la empresa que aporta la nómina. Generalmente, esta negociación se da entre las tres partes. Y entonces, sí, llega la división final. En promedio, en el mercado a la prestadora se le paga alrededor de un 6,9% de la nómina. El resto queda en la obra social sindical en concepto de comisión.

27-2-2011

Diego Cabot
LA NACION

Conseguir cama en una clínica privada, una odisea.

En 5 años creció 39 % la cifra de afiliados a prepagas. La crisis es peor en la Capital, donde la cantidad de camas descendió en la última década. Médicos y empresarios ya admiten el problema. La cámara del sector dice que sólo así el sistema es rentable.

Cuando Héctor E. se dio cuenta de que su dolor de estómago podía ser mucho más que eso empezaba a hacerse tarde. Un instante después de que en la clínica privada prestadora de su prepaga le dijeran que tenía que esperar dos días para internarse se indignó, después se asustó y finalmente terminó en el Hospital Fiorito de Avellaneda, donde los médicos lo operaron y le dijeron que se había salvado de la peritonitis por horas. Cualquiera que haya sufrido la necesidad de someterse a una internación en una clínica privada seguramente ha padecido la obligación de esperar a que se libere una cama . Una dilación que, en esas circunstancias y teniendo en cuenta que se paga o se aporta para ser atendido, no es sosegada y, mucho menos, corta: va de horas a días, de acuerdo a la urgencia y también, sí, a la suerte.

Los casos dan testimonio de una situación que se ha hecho cotidiana. Pero las cifras son contundentes para entender en frío un fenómeno extraño, que debiera poner en debate la precisión del término “salud pública” y priorizar la necesidad de una ley que regule el sector y proteja al afiliado .

En los últimos diez años el desempleo en Argentina bajó, según cifras oficiales, del 19,2 % al 8,1%, y la proporción de empleados en blanco sigue siendo más o menos la misma (el trabajo informal pasó del 38% al 36%). Es decir, creció la cantidad de gente que tiene obra social ; incluida la que, por la desregulación en la década del 90, elige aportar a las prepagas.

Las empresas de medicina privada aumentaron su cantidad de afiliados un 39% sólo en los últimos cinco años, según datos de CIMARA, la cámara que nuclea a la mayoría de las prepagas. De los 4,5 millones de clientes que tienen actualmente, el 75% llega por los aportes a la seguridad social. El resto se asocia directamente.

A pesar del incremento de afiliados y –consecuentemente– de ingresos (se calcula que este mercado mueve unos 15 mil millones de pesos anuales), el argumento de los empresarios del sector es que el negocio no es rentable. La realidad es que en la última década no hubo inversión en camas : de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, en Capital había más en 2000 que ahora: 9.905 contra 9.759. Más demanda, menos oferta.

“Camas para todos los enfermos no vamos a tener nunca”, le dijo a Clarín Francisco Díaz, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la República Argentina (ADECRA). Y siguió: “El problema va a existir siempre en la medida que el sector no sea más rentable. Es un problema de costos, con camas ociosas perdés dinero”. Díaz señala que la rentabilidad lleva demasiado al límite la oferta: “Hoy el negocio es rentable con más del 90% de ocupación”. Es decir, reconoce que hay poco margen para las urgencias.

Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de CIMARA, también aduce problemas de rentabilidad. “Los márgenes de ganancia son exiguos. Lo que consumen los afiliados es muchísimo. Las empresas hoy tienen una rentabilidad del 1 ó 2 %. Está bien que es sobre cifras multimillonarias y en dólares. Pero el riesgo de ese dinero invertido es enorme. Por eso no hay inversiones extranjeras”.

“Esto del 90% no es así. El sistema de las prepagas sigue siendo un negocio para pocos. Sirve para el que está sano, no para el enfermo”, reclama Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor. Y asegura que las empresas de medicina prepaga están terceras en el ránking de reclamos, detrás de la telefonía móvil (tampoco tiene ley que la regule) y la fija.

Con la mirada de Andrada coincide una alta fuente del Ministerio de Salud de la Nación: “La falta de camas se notó más que nunca con la Gripe A. No hay inversión en el sector privado, su fin es ganar dinero. ¿Alguna vez se vio un balance de las prepagas?”.

“Faltan camas, y eso que los tiempos de internación se redujeron en los últimos años gracias a la internación domiciliaria y a la aparición de nuevas técnicas”, comenta Carlos West Ocampo, líder del gremio de Sanidad. Coincide en que es un tema de “rentabilidad” y asegura, no sin ironía, que “e l mayor problema está en la Capital Federal : hoy un inversor no hace camas para sanatorios, las hace para hoteles”.

Carlos Jañez, presidente de la Confederación Médica Argentina, es otro de los que acuerda con el diagnóstico y reclama una “inversión en la infraestructura”. “Pero con los valores que pagan las obras sociales y las prepagas, las clínicas no tienen manera”, admite. Jañez no es el único que ve como antídoto una tendencia alternativa: “Muchas prepagas y obras sociales empiezan a tener su propia clínica para abastecer la demanda”. Díaz Mathé, en cambio, no coincide con Jañez. Asegura que “el sector ha hecho una gran reinversión en camas y lo hace permanentemente en tecnología”. Al menos con las camas, las cifras y los testimonios de pacientes lo desmienten.

CLARIN
26/10/2010

La Justicia ordena a mutual cubrir tratamiento con células madre

El fallo del juez Sánchez Freytes es inédito porque implica la búsqueda internacional de células y porque equipara una "mutual" con los servicios de las prepagas.

La Justicia Federal de Córdoba obligó a la mutual Sancor a cubrir un tratamiento que involucra la búsqueda internacional de células madre para tratar a un paciente que padece la enfermedad de Hodgkin.

El paciente se había realizado un transplante de autocelulas pero fracasó y solicitó que se cubra un tratamiento similar pero con células ajenas. Sin embargo, esto es sólo posible a través del intercambio internacional de células de donantes "no emparentados".

El fallo del juez Alejandro Sánchez Freytes es inédito porque implica la búsqueda internacional de células y porque equipara una "mutual" con los servicios de las prepagas.

"Es muy importante porque por primera vez en Córdoba se obliga a una mutual equiparándola a una prepaga. El tratamiento cuesta aproximadamente 500 mil pesos e interviene el Incucai , el que hace un clearing mundial de celulas", explicó el abogado del paciente, Alejandro Zeverín.

El juez dispuso "ordenar a la demandada Asociación Mutual Sancor que en el término de cinco días proporcione cobertura del 100% del tratamiento rel procedimiento íntegro de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) médula ósea/sangre periférica donante no emparentado".

• 19.10.2010 , por Laura Leonelli Morey La Voz.

OBRAS SOCIALES Y MEDICINA PREPAGA EN ARGENTINA

A diferencia de los países desarrollados, el sector privado de salud crece. Un sistema único con beneficios, costos y omisiones.

A contramano de la tendencia en los países más desarrollados, en la Argentina el sector privado de la salud crece sin prisa, pero sin pausa, en la captación de nuevos afiliados de la mano de las obras sociales, que actúan como principales financiadores y socios directos en muchos casos de las entidades prestadoras de servicios médicos.

Pese a la expansión, el sector arrastra quejas y cuestionamientos hacia el sistema integral de salud argentino. Mientras el retraso en las tarifas (actualmente bajo control de la Secretaría de Comercio Interior) es el reclamo coyuntural más escuchado, el Programa Médico Obligatorio (PMO) es el blanco estratégico hacia donde se disparan las críticas.

El sector privado de la salud local enlaza tres subsistemas. El mayor de ellos es el de las obras sociales sindicales nacionales y provinciales, con 14.513.956 y 6.291.186 afiliados, respectivamente, entre las cuales manejaron durante 2009 la cifra de $29.072 millones. Por otra parte el PAMI, siempre con los datos de 2009, atendió a 4.065.000 beneficiarios, jubilados y pensionados y movió $9.181 millones.

En tanto, el subsistema privado propiamente dicho (donde se admiten los “fines de lucro” a diferencia de los dos subsistemas anteriores), ofrecido por empresas de medicina prepaga o sanatorios, clínicas u hospitales de comunidades de modo directo, cubre a 4.600.000 personas de poder adquisitivo medio o alto que gastaron en 2009 $12.807 millones.

Los datos corresponden al informe 2010 de la consultora de mercado Key Market sobre el gasto de salud en la Argentina. Allí se detalla que alrededor del 65% se encuentra en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país: Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Para poner en el contexto las cifras, vale decir que el gasto total del país en salud fue de $102.000 millones y que más de 17 millones de personas, el 43% de la población, queda fuera de las coberturas mencionadas anteriormente y dentro de la atención pública (hospitales estatales), que manejó sólo el 28% del total de los recursos. En 2007 ese porcentaje era aún mayor, un 45%, lo que indica el avance del sector privado, especialmente a través de la afiliación a obras sociales.

 Planes: aumentos y retrasos.-

Según el informe de la consultora, durante 2009, el valor de un plan promedio para una persona de hasta 30 años rondó los $330 mensuales, mientras que para una familia estuvo alrededor de los $956 por mes.

Si se toma la prima media de mercado (el valor promedio de la cuota), el aumento no es paralelo al de la inflación ni al incremento de precios autorizado por el Gobierno para las prepagas. En 2004, la cuota media fue de $114; en 2007: $153; en 2008: $194 y en 2009: $231.

Esto se debe a que “los precios promedio de los planes no evolucionan exactamente como la curva de los aumentos autorizados debido a que se agregan e informan planes de menor punto de precio (incluyen copagos, etc) a los que efectivamente son contratados por la población”, aclara el estudio de Key Market.

Darío Durand, gerente general de Medifé, dice que en 2009 “se notó una marcada disminución de la incorporación de nuevos afiliados. Quienes pagan la totalidad de la cuota de sus bolsillos retrasaron su decisión de tomar una prepaga u optaron por empresas con cuotas de menor precio”, también sintieron la detención del crecimiento del empleo formal.

Durand sostiene que los costos aumentaron más que los ingresos y se redujo el margen de utilidad ya que no pueden trasladarse en su totalidad a los precios por el “límite lógico” del poder de compra de sus asociados. No obstante, observa una lenta recuperación en el segundo trimestre de este año para revertir la “meseta” de crecimiento que se produjo en 2009.

Entre los problemas del sector menciona “la acrítica incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos al mercado sin una adecuada regulación de la obligación de cobertura” y el retraso en el pago de reintegros de la APE a las obras sociales. Sugiere que el Estado debe hacer una amplia convocatoria para definir los límites de obligaciones de cobertura.

Por su parte Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), reconoce que “existe un retraso arancelario crónico superior al 30%, que proviene del fin de la convertibilidad de la que salimos mal parados cuando se hizo duro reponer insumos en dólares: aparatología, medicamentos”. A lo que se agrega el problema de conseguir recursos financieros para pagar los aumentos salariales del personal que representa un 60% de los costos”.

“Tenemos una matriz tributaria muy injusta, una gran parte de nuestra actividad está exenta de IVA (la facturación a obras sociales y PAMI), pero la totalidad de nuestras compras están gravadas con IVA, sólo podemos utilizar para desgravar el IVA el porcentaje de facturación con IVA nuestra, que es la particular. Estamos conversando para que se nos permita utilizar ese excedente técnico del IVA como un crédito fiscal para el pago de otras cargas. Esto ayudaría a las clínicas más chicas, que son las que más dependen de la seguridad social y menos facturación con IVA pueden hacer”.

Desde otra óptica, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, dice que la gente percibe que las empresas de medicina prepaga cobran cuotas muy caras porque hay una superposición de roles confusos según los cuales el sector privado estaría reemplazando o compensando carencias del sistema público.

“El sistema funciona mal, el 45 o el 50% de la gente no tiene cobertura y se tiene la sensación de que si no se tiene obra social o una prepaga nos puede pasar cualquier cosa. La gente compra nuestros servicios porque se siente desprotegida, forzada a hacerlo y entonces todo le parece caro. En países ricos, los mejores sistemas de salud están en manos del Estado, como en Inglaterra o España”.

Belocopitt considera que “lo que hay que resolver es garantizar el derecho a la salud para todos, el sistema debe ser público. El sector privado puede dar lo adicional: atender o brindar mejor hotelería, siempre hay quien va a querer algo diferente. Deberíamos tener usuarios que contraten el servicio porque les guste y no porque no tienen más opción”.

Coincide en que “la tecnología es carísima, cada vez más, estamos obligados a dar todo lo que existe y sólo podemos financiarnos con la suba de cuotas; se genera un círculo poco sano”. Como ejemplo cita tratamientos con medicación oncológica de $100.000 mensuales; operaciones artificiales de corazón que cuestan hasta $2.500.000 o la nueva vacuna contra el cáncer prostático que vale US$90.000 la unidad.

Hugo Quintana es el titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), cuya obra social, OSPOCE, ya tiene 300.000 afiliados. “El costo de la medicina en el mundo aumenta entre un 7 y un 8% anual, por el avance tecnológico”, informa.

Advierte que el problema crecerá; ya en algunos países donde los sistemas médicos públicos son muy buenos “se restringen los servicios a pacientes mayores de cierta edad, porque es muy costoso para su expectativa de vida” y destaca que en la Argentina “no se restringe nada, no se discrimina a nadie por la edad, eso está muy bien, pero deben decirnos cómo se paga”.

Para Quintana, “el sistema argentino de obras sociales es el mejor y debe fortalecerse con crecimiento económico y mayor empleo, también hay que tener un buen sistema de salud pública”. El sindicalista reclama también un organismo regulador de las empresas de medicina prepaga, un retraso inexplicable del Congreso, donde hay varios proyectos de ley en este sentido, “porque nadie las controla”.

La concentración del mercado:

“Como característica general se evidencia una concentración de empresas, como evidencia la adquisición por parte de Omint de CS Salud (ex Consolidar Salud), que pertenecía al Grupo BBVA Banco Francés”.

Muchas empresas contratan planes de medicina prepaga para ofrecer algunos beneficios mayores a sus empleados. Estos acuerdos corporativos están en la mira de las grandes empresas de medicina prepaga, en 2007 representaron el 45% de sus cápitas (el 55% era contratado de modo individual), en 2009 ese porcentaje llegó al 48% de las cápitas.

Las 15 primeras obras sociales representan el 54% del total de los afiliados a este tipo de obra social (incluye obras sociales de dirección y obras sociales sindicales).

Las diez principales obras sociales representan el 46% de este tipo de cápitas. Entre las principales se encuentran OSECAC (Empleados de comercio), OSPRERA (Personal rural y estibadores) y OSPECOM (Personal de la construcción).

Si se distingue por tipo de beneficiario, dentro de las obras sociales, el 69,3% se trata de trabajadores en relación de dependencia; el 20% son jubilados y pensionados; el 6,5%, monotributistas; el 1,4% son beneficios por desempleo; un 1,3%, adherentes, y el 0,6% corresponde al servicio doméstico.

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES EN SANIDAD.-

Luego de la medida de fuerza del día 11, esta vez el corte de prestación de servicios será por 48 horas,  miércoles y jueves próximo.

El secretario adjunto de la federación sindical, Héctor Daer, dijo a LA NACION que si bien hubo gestiones desde el Ministerio de Trabajo, aún no se avanzó en las negociaciones en las que se busca que el básico para las enfermeras llegue a los $ 3000.

Desde el sector empleador, Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), afirmó que se está a la espera de que la cartera laboral convoque a las partes para iniciar las conversaciones.

La mencionada entidad, junto con otras siete que reúnen a prestadores sanitarios, envió una carta formal al ministro Carlos Tomada, pidiendo la apertura de las negociaciones colectivas y advirtiendo sobre la convocatoria a un paro de actividades.

Los responsables de las clínicas rechazan dos conductas del sindicato: que hayan dispuesto medidas de fuerza cuando las negociaciones ni habían comenzado, y que se busque replicar los mismos términos del acuerdo firmado entre el gremio y otras entidades, como los hospitales de colectividad. “Hasta ahora sólo recibimos pretensión de imposiciones y paros, pero de negociación no hubo nada”, afirmó Cherro.”Queremos negociar y no que nos impongan qué firmar”, dijo, en referencia a la pretensión de que se acepte un acuerdo en los términos del que involucra a los hospitales de colectividad. Ese pacto prevé un aumento del 20% en una primera etapa  y de otro 10% en diciembre. Al ser acumulativa, la mejora es del 32 por ciento.

Para Cherro, la realidad de las clínicas, sobre todo las del interior del país, es muy diferente de la que pueden mostrar esas entidades prestadoras. “En el sindicato saben que no tenemos los recursos”, agregó, tras explicar que los ajustes arancelarios ofrecidos por las prepagas, las obras sociales y el PAMI no permiten dar esos niveles de aumentos.

Fuente:

Silvia Stang
LA NACION

OBRAS SOCIALES Y MEDICINA PREPAGA EN ARGENTINA

Obras sociales y medicina prepaga en Argentina

Por
Anahí Abeledo.
ESPECIAL PARA CLARIN
11/07/2010

A contramano de la tendencia en los países más desarrollados, en la Argentina el sector privado de la salud crece sin prisa, pero sin pausa, en la captación de nuevos afiliados de la mano de las obras sociales, que actúan como principales financiadores y socios directos en muchos casos de las entidades prestadoras de servicios médicos.

Pese a la expansión, el sector arrastra quejas y cuestionamientos hacia el sistema integral de salud argentino. Mientras el retraso en las tarifas (actualmente bajo control de la Secretaría de Comercio Interior) es el reclamo coyuntural más escuchado, el Programa Médico Obligatorio (PMO) es el blanco estratégico hacia donde se disparan las críticas.

El sector privado de la salud local enlaza tres subsistemas. El mayor de ellos es el de las obras sociales sindicales nacionales y provinciales, con 14.513.956 y 6.291.186 afiliados, respectivamente, entre las cuales manejaron durante 2009 la cifra de $29.072 millones. Por otra parte el PAMI, siempre con los datos de 2009, atendió a 4.065.000 beneficiarios, jubilados y pensionados y movió $9.181 millones.

En tanto, el subsistema privado propiamente dicho (donde se admiten los “fines de lucro” a diferencia de los dos subsistemas anteriores), ofrecido por empresas de medicina prepaga o sanatorios, clínicas u hospitales de comunidades de modo directo, cubre a 4.600.000 personas de poder adquisitivo medio o alto que gastaron en 2009 $12.807 millones.

Los datos corresponden al informe 2010 de la consultora de mercado Key Market sobre el gasto de salud en la Argentina. Allí se detalla que alrededor del 65% se encuentra en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país: Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Para poner en el contexto las cifras, vale decir que el gasto total del país en salud fue de $102.000 millones y que más de 17 millones de personas, el 43% de la población, queda fuera de las coberturas mencionadas anteriormente y dentro de la atención pública (hospitales estatales), que manejó sólo el 28% del total de los recursos. En 2007 ese porcentaje era aún mayor, un 45%, lo que indica el avance del sector privado, especialmente a través de la afiliación a obras sociales.

Planes: aumentos y retrasos Según el informe de la consultora, durante 2009, el valor de un plan promedio para una persona de hasta 30 años rondó los $330 mensuales, mientras que para una familia estuvo alrededor de los $956 por mes.

Si se toma la prima media de mercado (el valor promedio de la cuota), el aumento no es paralelo al de la inflación ni al incremento de precios autorizado por el Gobierno para las prepagas. En 2004, la cuota media fue de $114; en 2007: $153; en 2008: $194 y en 2009: $231.

Esto se debe a que “los precios promedio de los planes no evolucionan exactamente como la curva de los aumentos autorizados debido a que se agregan e informan planes de menor punto de precio (incluyen copagos, etc) a los que efectivamente son contratados por la población”, aclara el estudio de Key Market.

Darío Durand, gerente general de Medifé, dice que en 2009 “se notó una marcada disminución de la incorporación de nuevos afiliados. Quienes pagan la totalidad de la cuota de sus bolsillos retrasaron su decisión de tomar una prepaga u optaron por empresas con cuotas de menor precio”, también sintieron la detención del crecimiento del empleo formal.

Durand sostiene que los costos aumentaron más que los ingresos y se redujo el margen de utilidad ya que no pueden trasladarse en su totalidad a los precios por el “límite lógico” del poder de compra de sus asociados. No obstante, observa una lenta recuperación en el segundo trimestre de este año para revertir la “meseta” de crecimiento que se produjo en 2009.

Entre los problemas del sector menciona “la acrítica incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos al mercado sin una adecuada regulación de la obligación de cobertura” y el retraso en el pago de reintegros de la APE a las obras sociales. Sugiere que el Estado debe hacer una amplia convocatoria para definir los límites de obligaciones de cobertura.

Por su parte Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), reconoce que “existe un retraso arancelario crónico superior al 30%, que proviene del fin de la convertibilidad de la que salimos mal parados cuando se hizo duro reponer insumos en dólares: aparatología, medicamentos”. A lo que se agrega el problema de conseguir recursos financieros para pagar los aumentos salariales del personal que representa un 60% de los costos”.

“Tenemos una matriz tributaria muy injusta, una gran parte de nuestra actividad está exenta de IVA (la facturación a obras sociales y PAMI), pero la totalidad de nuestras compras están gravadas con IVA, sólo podemos utilizar para desgravar el IVA el porcentaje de facturación con IVA nuestra, que es la particular. Estamos conversando para que se nos permita utilizar ese excedente técnico del IVA como un crédito fiscal para el pago de otras cargas. Esto ayudaría a las clínicas más chicas, que son las que más dependen de la seguridad social y menos facturación con IVA pueden hacer”.

Desde otra óptica, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, dice que la gente percibe que las empresas de medicina prepaga cobran cuotas muy caras porque hay una superposición de roles confusos según los cuales el sector privado estaría reemplazando o compensando carencias del sistema público.

“El sistema funciona mal, el 45 o el 50% de la gente no tiene cobertura y se tiene la sensación de que si no se tiene obra social o una prepaga nos puede pasar cualquier cosa. La gente compra nuestros servicios porque se siente desprotegida, forzada a hacerlo y entonces todo le parece caro. En países ricos, los mejores sistemas de salud están en manos del Estado, como en Inglaterra o España”.

Belocopitt considera que “lo que hay que resolver es garantizar el derecho a la salud para todos, el sistema debe ser público. El sector privado puede dar lo adicional: atender o brindar mejor hotelería, siempre hay quien va a querer algo diferente. Deberíamos tener usuarios que contraten el servicio porque les guste y no porque no tienen más opción”.

Coincide en que “la tecnología es carísima, cada vez más, estamos obligados a dar todo lo que existe y sólo podemos financiarnos con la suba de cuotas; se genera un círculo poco sano”. Como ejemplo cita tratamientos con medicación oncológica de $100.000 mensuales; operaciones artificiales de corazón que cuestan hasta $2.500.000 o la nueva vacuna contra el cáncer prostático que vale US$90.000 la unidad.

Hugo Quintana es el titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), cuya obra social, OSPOCE, ya tiene 300.000 afiliados. “El costo de la medicina en el mundo aumenta entre un 7 y un 8% anual, por el avance tecnológico”, informa.

Advierte que el problema crecerá; ya en algunos países donde los sistemas médicos públicos son muy buenos “se restringen los servicios a pacientes mayores de cierta edad, porque es muy costoso para su expectativa de vida” y destaca que en la Argentina “no se restringe nada, no se discrimina a nadie por la edad, eso está muy bien, pero deben decirnos cómo se paga”.

Para Quintana, “el sistema argentino de obras sociales es el mejor y debe fortalecerse con crecimiento económico y mayor empleo, también hay que tener un buen sistema de salud pública”. El sindicalista reclama también un organismo regulador de las empresas de medicina prepaga, un retraso inexplicable del Congreso, donde hay varios proyectos de ley en este sentido, “porque nadie las controla”.

La concentración del mercado “Como característica general se evidencia una concentración de empresas, como evidencia la adquisición por parte de Omint de CS Salud (ex Consolidar Salud), que pertenecía al Grupo BBVA Banco Francés”.

Muchas empresas contratan planes de medicina prepaga para ofrecer algunos beneficios mayores a sus empleados. Estos acuerdos corporativos están en la mira de las grandes empresas de medicina prepaga, en 2007 representaron el 45% de sus cápitas (el 55% era contratado de modo individual), en 2009 ese porcentaje llegó al 48% de las cápitas.

Las 15 primeras obras sociales representan el 54% del total de los afiliados a este tipo de obra social (incluye obras sociales de dirección y obras sociales sindicales). Las diez principales obras sociales representan el 46% de este tipo de cápitas. Entre las principales se encuentran OSECAC (Empleados de comercio), OSPRERA (Personal rural y estibadores) y OSPECOM (Personal de la construcción).

Si se distingue por tipo de beneficiario, dentro de las obras sociales, el 69,3% se trata de trabajadores en relación de dependencia; el 20% son jubilados y pensionados; el 6,5%, monotributistas; el 1,4% son beneficios por desempleo; un 1,3%, adherentes, y el 0,6% corresponde al servicio doméstico.

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