México.
Juan
se detuvo en Tapachula, Chiapas, para descansar unos días y recibir un
chequeo médico de rutina antes de salir al viaje traicionero de mil 700
largas millas hacia la frontera norte de México. Como ya estaba en el
consultorio, pensó que también podría obtener una de las pruebas rápidas
gratuitas que ofrece el albergue para migrantes Belén los lunes y
jueves por la tarde. En menos de un minuto, la prueba confirmó sus
peores temores: era VIH-positivo.
No
era la primera vez que recibía el diagnóstico. Antes de ser deportado a
Honduras el año anterior, fue examinado bajo custodia de los Estados
Unidos en un centro de detención en Texas. Convencido de que era una
táctica de miedo de Inmigración y Control de Aduanas para justificar su
expulsión, no creyó los resultados. Tampoco le había dicho a su mujer,
que estaba sentada frente al consultorio médico con sus dos hijos a la
espera de recibir atención médica. Diez minutos más tarde, ella supo el
estado de Juan –y el de ella misma.
Salud en las márgenes
Desde
2007, las tasas del VIH y el SIDA aumentaron en los estados y zonas
rurales mexicanas, en parte como resultado de los migrantes que regresan
y que incurrieron en conductas de alto riesgo en los Estados Unidos y
no han podido recibir un diagnóstico o tratamiento.
Los
expertos médicos están cambiando su atención a los riesgos específicos
que enfrentan los migrantes centroamericanos – la trata de personas, el
abuso sexual, la prostitución, el aislamiento, la depresión y el consumo
de drogas- como vectores que impulsan estas cifras, sobre todo en el
sureño estado de Chiapas, donde entre 40 mil y 60 mil migrantes cruzan
con la esperanza de encontrar una vida mejor en México o en los Estados
Unidos.
De
acuerdo con el informe más reciente del Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), Chiapas es el sexto
estado con cifras más altas de casos de SIDA, con 6 mil 717 individuos
registrados. Dentro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Cintalapa y
Tapachula fueron etiquetados como focos rojos – son municipios donde las
cifras de infección y la presencia de los grupos de riesgo, como las
trabajadoras sexuales y migrantes, son estadísticamente más altos que en
el resto del Estado. Tapachula, por donde se estima que transita un 95
por ciento de los migrantes, registró un total de 2 mil 45 casos de VIH,
lo que ha llamado la atención de las organizaciones locales, grupos de
salud y refugios para migrantes.
Dirigido
por el reverendo Florencio María Rigoni, de la Orden de los Misioneros
Scalabrinianos, el albergue para migrantes Belén se encuentra a pocos
metros de la orilla de las aguas salobres del río Cahoacán, a sólo 20
kilómetros de la frontera México-Guatemala. El refugio de paredes
naranja y azul eléctrico alberga a una de las puertas de salida hacia
una respuesta de salud de múltiples actores que busca frenar las altas
cifras de transmisión del VIH.
Estos
esfuerzos comienzan en una modesta oficina de 200 metros cuadrados,
donde el doctor Ramos, su esposa, Leni Pundt, y su hermano, Víctor
Ramos, ofrecen a los habitantes transitorios del refugio servicio médico
gratuito y voluntario de lunes a sábado por la tarde. Los lunes y
jueves, el doctor Ramos, un médico general semi-jubilado con un sentido
del humor impávido, da charlas de prevención del VIH en el comedor del
refugio con la ayuda de gráficos, pero como no están exentas de
corrupción holiwoodiana, “[Las muchachas] ven un consolador, se
avergüenzan y se salen”, explica el médico. “Incluso, a veces los
muchachos”.
Mecanismos de prevención
Financiado
en parte por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la
Fundación AIDS Healthcare, y el Instituto Mexicano de Salud Pública
(INSP), estas actividades de prevención del VIH son parte del Proyecto
de Salud Sexual y Reproductiva (SSR). El programa se inició en 2005 en
los albergues para migrantes como en el Albergue Belén, en los puntos de
tránsito de alta densidad – en ciudades como Tapachula, que
experimentan una alta presencia de inmigrantes.
El
objetivo de la SSR es aumentar el acceso a la salud, la prevención del
VIH, las pruebas, el tratamiento y la protección de los derechos humanos
de los grupos móviles, incluidos los no-ciudadanos migrantes, los
trabajadores extranjeros del sexo, consumidores de drogas, mujeres y
niños bajo trata de personas, camioneros y comerciantes marinos, como un
medio para contener las tasas de infección en las ciudades fronterizas.
En coordinación con los consulados de Guatemala, El Salvador y
Honduras, el proyecto es una encarnación local del más amplio proyecto
fronterizo “Proyecto Mesoamericano sobre Poblaciones Móviles y VIH /
SIDA”.
En
el marco de estos programas, el equipo médico del Albergue Belén
trabaja sin descanso desde hace tres años, cuando el doctor Ramos se
hizo cargo. Entre 2009 y 2012, 14 mil117 inmigrantes participaron en
charlas de prevención del VIH y recibieron la prueba. Sólo 0.9 por
ciento recibió un diagnóstico positivo. En las tres semanas que estuve
allí -en junio de 2012-, aproximadamente 200 personas hicieron la
prueba. Nadie salió positivo.
Si
alguien recibe un diagnóstico positivo y decide quedarse en Tapachula,
el personal médico le solicitará ir al Centro Local Ambulatorio para la
Prevención y Atención de VIH-SIDA y otras Infecciones de Transmisión
Sexual (CAPASITS), donde se les da una prueba gratis de Western Blot
para determinar su carga viral. Si una carga viral cae por debajo de
400, se les registra en el Sistema de Administración, Logística y
Vigilancia de los Antirretrovirales (SALVAR), una base de datos nacional
que realiza un seguimiento de los pacientes, ciudadanos y no ciudadanos
por igual, que reciben fármacos antirretrovirales.
“A
veces es mas difícil para un ciudadano mexicano entrar en el sistema
que para un extranjero”, señala Judith Salazar, trabajadora social en el
CAPASITS Tapachula, uno de los dos módulos que operan en el estado de
Chiapas. “Un mexicano necesita siete documentos. A los extranjeros por
lo general se les requiere una forma de identificación, como una
licencia, y ya están en el sistema como extranjeros. Si no tienen
identificación tenemos acuerdos con varios consulados para obtener
documentos para este fin. A continuación, pueden anexarse al sistema
de seguros del estado para recibir gratuitamente medicamentos
antirretrovirales “.
Sin embargo,
Salazar reconoce que este proceso tarda, casi uno o dos meses si las
cosas se mueven al ritmo normal. Las pruebas de Western Blot se envían a
los laboratorios en la capital Tuxtla Gutiérrez. La mayoría no se
esperan el período de tiempo necesario para cumplir con su régimen de
tratamiento, y no reciben los medicamentos antirretrovirales.
“Muchos
salen antes de que puedan solicitar rutas para conectar con otros
CAPASITS para que podamos realizar un seguimiento de sus movimientos.
Existe el temor de la discriminación, la deportación, tanto en hombres
como en mujeres, por lo que se mantienen en movimiento “, apunta
Salazar.
En opinión del doctor Ramos,
la prevalencia del VIH entre los inmigrantes es cada vez peor. Su plan
es crear una manera más racional y digital de la identificación y el
tratamiento de migrantes VIH-positivos cuando vayan de refugio en
refugio. “No sabemos cuántos no están en los refugios y se quedan
atascados en la selva. Hay cientos de miles de personas procedentes de
centro y Sudamérica, África, incluso del sureste de Asia sureste. No
todos vienen por aquí. “
Pero para
los migrantes que transitan por México, reconoce el doctor, el
mejoramiento de los servicios de salud y los programas de medicamentos
antirretrovirales no son suficientes. La posición temporal de los
migrantes indocumentados entre las intersecciones oscuras de la política
gubernamental, la corrupción y la violencia de los cárteles, junto con
la cuestión fundamental de quién debe ser responsable de proporcionarles
asistencia de salud y protección, obstruyen su trabajo diariamente.
Violaciones, un peligro para la salud de las mujeres migrantes
Eileen,
de 19 años, y su amiga Silvia, de 22, viajaron en autobús sin
incidentes desde Honduras hasta la frontera de Guatemala con México.
Pero una vez que cruzaron a pie, una pandilla de pistoleros las encañonó
y les exigió todo su dinero. Cuando se negaron, los hombres las
violaron brutalmente y las asaltaron. Ambas tenían cuatro meses de
embarazo cuando ocurrió el ataque.
“No
creo que lo intentemos de nuevo. Trabajé como secretaria en Tegucigalpa
y quería mejorar para nosotros en los Estados Unidos porque acá no es
bueno para las mujeres”, dijo Silvia mientras se frotaba el estómago,
“ahora, también tengo que preocuparme si me sale [una enfermedad]“.
Las
jóvenes sufrían graves infecciones vaginales y de garganta, y les
habían negado acceso al hospital local cuatro veces por conflictos de
programación con el ginecólogo residente. Desafortunadamente, el doctor
Ramos, legalmente, no podía tratar a las chicas para acelerar su regreso
porque eran, literalmente, los cuerpos de la evidencia.
“Puedo
escribir una declaración sobre cómo su condición puede avanzar después
de un chequeo preliminar, pero necesitan un ginecólogo forense o médico
legista. Sea cual sea el tratamiento que reciben, necesita certificación
de una autoridad legal; si no, su declaración contra los criminales no
tendrán validez “, declara el doctor Ramos.
Los
informes estiman que el 30 por ciento de las mujeres migrantes son
atacadas sexualmente en su camino a los Estados Unidos, y representan el
27 por ciento de los nuevos casos diagnosticados de VIH en Chiapas. En
las conferencias del doctor Ramos, siempre destaca la prevención. Sus
pláticas sobre el tema siempre terminan con la generosa distribución de
condones a los espectadores masculinos y femeninos. Pero ¿de qué sirve
un condón en los casos de violación?
“Mi
esposa y yo estábamos hablando de eso el otro día. En estos casos [las
chicas hondureñas], ¿qué haces? ¿Decirle a tu violador que te dé unos
segundos para que se ponga un condón y no te de SIDA o cualquier otra
cosa? “
