En ella aparece una mujer de 50 años embarazada desnuda. La mujer y su esposo son padres de dos niñas.
Polémica despertó en EE.UU. la tapa de la revista New York Magazine donde aparece una mujer de 50 años embarazada desnuda, en alusión al embarazo tardío.
El
artículo de la publicación se centra en la historia de John Ross y Ann
Maloney, quienes fueron padres de dos niñas, mediante la técnica de
donación de esperma, indica La Nación.
Según
datos del Centro para el Control de Enfermedades de EE.UU (de 2008),
unos 8 mil bebés de mujeres con más de 45 años nacieron en ese país.
Sumado
a ello, las cifras resaltan que casi un cuarto de los niños adoptados
en Estados Unidos tiene padres que superan los 45 años.
New York
Magazine destaca que quienes se someten a estos procedimientos a edades
avanzadas suelen ser parejas con alto nivel adquisitivo, ya que el costo
medio de un tratamiento con donación de óvulos puede costar hasta 35
mil dólares.
En tanto, alquilar un vientre puede costar 110 mil dólares.
La mayoría será utilizada para tratamientos de fertilización in vitro, pero otros no tienen destino certero.
Se calcula que en los centros de medicina
reproductiva de la ciudad de Córdoba hay al menos dos mil embriones
congelados. Así lo estimó Armando Andruet, vocal del Tribunal Superior
de Justicia e integrante del centro de Bioética de una Universidad
Católica (UCC). El número es estimativo porque dos centros precisaron la
cantidad de embriones y un tercero, el de mayor antigüedad, se negó a
brindar esa información.
La mayoría de estos embriones serán
utilizados para tratamientos de fertilización in vitro (FIV), pero otros
no tienen un destino certero. Los especialistas coinciden en la
necesidad de una ley que indique qué hacer con los embriones que no se
utilizan. Esto adquiere relevancia en el marco de la polémica suscitada
luego de que la Justicia autorizara a una mujer separada, y en trámite
de divorcio, a realizarse un tratamiento de fertilización in vitro con
embriones formados con espermatozoides de su ex marido.
En
relación con este tema, Andruet opinó: “Desde lo antropológico, el fallo
me da mucha satisfacción, pero desde lo jurídico y bioético, me parece
que se ha tomado un camino muy ortodoxo. Tal vez se debieran haber
tomado más riesgos para encontrar una solución más equilibrada”
César
Sánchez Sarmiento, ginecólogo especialista en fertilidad asistida y
director médico de Nascentis informó que en este centro médico hay 180
embriones criopreservados, y José Pérez Alzaa, de Fecundart, dijo que en
su centro habría alrededor de 120. Por su parte, Daniel Estofán,
director de Cigor, no quiso mencionar la cantidad de embriones de los
que dispone la institución, aunque se calcula que suman más de mil,
porque se trata de una de uno de los centros más antiguos.
Hay
parejas que después de un tiempo no desean conservar esos embriones por
distintos motivos. Las opiniones en relación al destino, así como sobre
otras cuestiones relacionadas con las técnicas de fertilización, son muy
variadas, pero lo que los especialistas destacan es la urgencia de una
ley.
“Mi posición es respetar la ley y nuestra Constitución Nacional reconoce la vida desde la concepción”, sostuvo Pérez Alzaa.
“En
Nascentis seguimos conservando los embriones, hasta que la Justicia nos
diga qué hacer con ellos, pero insisto en la importancia de que nuestro
país tenga una ley, para que todos los implicados sepamos cuáles son
las reglas”, expresó Sánchez Sarmiento.
En este sentido, Andruet
afirmó: “En los últimos 20 años debo haber participado en las
discusiones de al menos en 15 proyectos de ley y no termino de
explicarme cuál es la razón por la cual no se avanza. Los ciudadanos
necesitamos saber, cuando tenemos un problema de fertilidad y decidimos
ir a ver a un especialista, bajo qué esquemas seremos sometidos a
prácticas de medicina reproductiva. Además, los médicos se verían
preservados y el Estado podría hacer un control”. Finalmente agregó: “A
medida que avanzan las técnicas, los niveles de desarrollo no
encontrarán respuestas legislativas y los implicados van a buscarlas en
la Justicia. Pero los jueces están para resolver problemas y no vacíos
legales”.
SCIOLI PRESENTO UN PROYECTO PARA LA COBERTURA ESTATAL EN LA PROVINCIA Polémica por el uso de los recursos de salud.
El gobernador propone que el Estado provincial financie el tratamiento de quienes tienen obra social y de los que no tienen cobertura. Argumenta que “los problemas de fertilidad son una enfermedad”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un proyecto de ley que abre el debate sobre la financiación estatal de los tratamientos de fertilización asistida. La propuesta –que se pondrá a consideración de la Legislatura bonaerense– dispone la cobertura de estos tratamientos para los afiliados al IOMA, propicia convenios para que las demás obras sociales los incluyan y establece un “programa especial” para quienes no tengan cobertura social. Como la fertilización in vitro no se practica en ningún hospital público bonaerense, el proyecto implica la contratación en instituciones privadas. Un representante de los médicos que efectúan estas prácticas consideró que la ley es “perfecta”. En cambio, un experto en salud pública sostuvo que el proyecto podría conducir a un “mecanismo de solidaridad invertida, donde los pobres financian prácticas de alta complejidad que son utilizadas por otros sectores sociales”.
El proyecto propicia “el reconocimiento como patología y la cobertura integral de la infertilidad”, así como “el desarrollo de centros de referencia de procreación asistida en efectores públicos”. Por ello requiere: “Incorpórese a las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) la cobertura médico asistencial” de estos tratamientos; además, “el Poder Ejecutivo establecerá un programa especial en sus efectores públicos, destinado a los habitantes de la provincia que no tengan cobertura médico-asistencial”; y “facúltese al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con las obras sociales y de medicina prepaga cuya regulación exceda el ámbito provincial, con el fin de incluir la cobertura”.
Daniel Scioli, gobernador bonaerense, destacó que “los problemas de fertilidad son una enfermedad, según la OMS” y afirmó: “Quiero hacer realidad el sueño de muchas parejas humildes que no pueden acceder a la asistencia privada ante problemas para tener hijos”. También anunció para el futuro cuatro centros de referencia en tratamientos de fertilización asistida, que se crearían en los hospitales Luz Gómez, de Haedo; San Martín, de La Plata; Penna, de Bahía Blanca, y Allende, de Mar del Plata.
Según Sergio Alejandre, viceministro de Salud bonaerense, “en la provincia, también los afiliados a obras sociales reguladas por el PMO nacional podrían exigirles la cobertura: el Ministerio de Salud podrá hacer convenios que ofrezcan a estas obras sociales la prestación, a través de efectores, a un costo inferior”. El proyecto no hace referencia a la partida presupuestaria requerida. Alejandre estimó “un costo anual de 80 a 100 millones de pesos” y consideró “prematuro plantear de dónde van a provenir”. De aprobarse el proyecto, la provincia se convertiría en la primera jurisdicción en dar cobertura estatal a la fertilización in vitro.
“El proyecto me parece perfecto –sostuvo Claudio Chillik, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva y director de uno de los institutos que practican la fertilización in vitro–: la infertilidad es una enfermedad y como tal debe ser cubierta. La propuesta acierta al no entrar en temas técnicos y limitarse a reconocer los tratamientos por obras sociales y prepagas.” En cambio, Estela Chardón –coordinadora de Concebir, entidad que reúne a pacientes con infertilidad– afirmó que “el proyecto debería avanzar en un marco regulatorio, para impedir que regulaciones posteriores impongan restricciones, como la que exige un tiempo previo de convivencia de la pareja; también debería cubrir la ‘vitrificación de óvulos’, que permite hacer sucesivos intentos en lugar de transferir varios embriones con riesgo de embarazos múltiples”.
Otra perspectiva planteó Hugo Spinelli, director de la maestría en Políticas de Salud de la Universidad de Lanús: “Hay que establecer prioridades, ya que el recurso en salud siempre es limitado. La provincia tiene altas tasas de mortalidad por tuberculosis, por Chagas, por falta de agua corriente y cloacas. Es prioritario aumentar los centros de salud barriales. Cuando una cobertura como la de la fertilización asistida se transforma en derecho individual, el Estado queda obligado a pagarlo y las instituciones privadas multiplican sus clientes a través de las obras sociales. La financiación finalmente proviene de los sectores pobres, a través de ‘mecanismos de solidaridad invertida’: los más pobres transfieren recursos a prácticas de alta complejidad que son utilizadas por otros sectores sociales”. La Agenda de Salud para las Américas, de la OMS, no incluye la cobertura estatal de la fertilización asistida.
