Todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires deberán tener
al menos un médico que no tenga objeción de conciencia para practicar
abortos en casos no punibles, quienes contarán con un protocolo para
llevarlos a cabo.
De esta forma, todos los centros asistenciales tendrán que actuar sin
previa autorización judicial en tres casos supuestos: si la vida o
salud de la mujer está en peligro, si el embarazo es fruto de una
violación manifestada por la víctima y cuando el embarazo provenga de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
Entonces, a partir de ahora toda mujer violada tiene derecho a
solicitar un aborto en el sistema de salud sin necesidad de judicializar
el caso. Los médicos, por su parte, tienen un plazo no mayor a diez
días para efectuarlo.
La Corte Suprema de Justicia dejó en claro el pasado 13 de marzo que
sólo basta con la firma de la mujer en una declaración jurada para
determinar que el embarazo es consecuencia de una violación.
Además, se agrega que “se otorga protección legal al equipo de salud
que realiza la práctica, garantizando así el acceso a la misma. La
realización de la práctica no implica ninguna responsabilidad
administrativa, civil, ni penal para el equipo de salud”.
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