Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y vicepresidente de la Cámara del sector, le envió una carta a todos los (75) senadores, alertando sobre las consecuencias que podría generar la aprobación de un proyecto que se debatirá la próxima semana
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
Señor
Senador
…………….
Presente
Senador
…………….
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted, con el objeto de transmitirle mi más profunda preocupación en relación al tratamiento del proyecto de Ley de Medicina Prepaga, que tendrá lugar en la Honorable Cámara de Senadores el miércoles de la próxima semana, previo paso por la Comisión de Salud de dicho cuerpo el día martes 23 de noviembre del corriente.
Como uno de los actores involucrados directamente, por mi condición de Presidente de Swiss Medical Group, me veo en la obligación de advertir que, el Proyecto de Ley que pretende regular la actividad de nuestras organizaciones, atenta directamente contra el sistema de salud argentino y pone en riesgo la misma existencia de las compañías de medicina privada.
De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos –en forma inmediata- a consecuencias definitivamente negativas:
La quiebra del sistema no sólo dejará a, aproximadamente, 4.500.000 de personas que hoy están en el sistema privado, sin cobertura, sino que obligará al Estado a hacerse cargo de atender a toda esa población, agravando –sin duda- la crisis que hoy padece el sistema de salud pública.
Por medio de la presente, me dirijo a usted, con el objeto de transmitirle mi más profunda preocupación en relación al tratamiento del proyecto de Ley de Medicina Prepaga, que tendrá lugar en la Honorable Cámara de Senadores el miércoles de la próxima semana, previo paso por la Comisión de Salud de dicho cuerpo el día martes 23 de noviembre del corriente.
Como uno de los actores involucrados directamente, por mi condición de Presidente de Swiss Medical Group, me veo en la obligación de advertir que, el Proyecto de Ley que pretende regular la actividad de nuestras organizaciones, atenta directamente contra el sistema de salud argentino y pone en riesgo la misma existencia de las compañías de medicina privada.
De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos –en forma inmediata- a consecuencias definitivamente negativas:
La quiebra del sistema no sólo dejará a, aproximadamente, 4.500.000 de personas que hoy están en el sistema privado, sin cobertura, sino que obligará al Estado a hacerse cargo de atender a toda esa población, agravando –sin duda- la crisis que hoy padece el sistema de salud pública.
Este proyecto, no sólo impide aumentar la inversión en salud (sanatorios, tecnología, etc.) sino que obliga a las empresa a desinvertir, ya que en el art. 22 determina que el 50% de las reservas sean utilizadas en instrumentos financieros, lo que contradice el más elemental sentido común: las empresas de salud necesitan ampliar su estructura prestacional para atender a sus afiliados, de manera más eficiente, actualizándose todo el tiempo.
La incorporación de afiliados con enfermedades preexistentes (art. 10 del proyecto de ley) es de imposible cumplimiento. Sólo por exponer un ejemplo, 12 socios de Swiss Medical (datos a disposición de los señores senadores), consumirán en el año 2010 alrededor de 24 millones de pesos. Si imaginamos –solamente- el ingreso al sistema de 200 casos con características similares, a partir de la promulgación de esta norma, el consumo anual ascendería a 400 millones de pesos. Para la empresa significaría la quiebra inmediata y la afectación de miles de puestos de trabajo en forma directa.
Otro efecto que provocará la aplicación de esta ley es que -mientras las compañías hagan los planteos de inconstitucionalidad de algunos artículos- deberán suspender de forma inmediata la incorporación de socios directos ya que es el único mecanismo en primera instancia legal para no tener que sufrir las consecuencias del art. 10. Esto provocará que miles de argentinos no puedan sumarse al sistema privado de salud provocando un doble efecto negativo: por un lado la insatisfacción de no poder hacerlo y, por el otro, un aumento exponencial de demanda hacia la atención y gasto de parte del Estado.
Puede pensarse que –de aprobarse la ley- el colapso alcanzará sólo a las empresas más importantes del sector. Como representante de su provincia, debe saber que en el interior del país existen pequeñas y medianas organizaciones, y hasta clínicas privadas, que verán imposibilitada su sobrevivencia en un instante.
En lo personal me he manifestado reiteradamente a favor de la sanción de una nueva ley que regule el sistema privado de salud. Pero considero que la misma debe ser fruto de un entendimiento de parte de todos los actores involucrados y no una medida que perjudique a millones de afiliados y torne impracticable la ley, en el mismo momento de su sanción.
Ante las actuales circunstancias, acudo a los señores senadores para que, apelando a su buena fe, me permitan participar de la reunión de Comisión de Salud el próximo martes, a fin de explicar las razones por las cuales considero que estamos frente a la inminencia de un perjuicio abrumador para los 4,5 millones de afiliados que, de sancionarse la ley sin modificación alguna, se verán afectados de manera inmediata.
Me pongo a su total disposición para acercarle la visión de nuestro sector que consideramos puede resultar un aporte valioso en el debate del proyecto de ley en cuestión.
La incorporación de afiliados con enfermedades preexistentes (art. 10 del proyecto de ley) es de imposible cumplimiento. Sólo por exponer un ejemplo, 12 socios de Swiss Medical (datos a disposición de los señores senadores), consumirán en el año 2010 alrededor de 24 millones de pesos. Si imaginamos –solamente- el ingreso al sistema de 200 casos con características similares, a partir de la promulgación de esta norma, el consumo anual ascendería a 400 millones de pesos. Para la empresa significaría la quiebra inmediata y la afectación de miles de puestos de trabajo en forma directa.
Otro efecto que provocará la aplicación de esta ley es que -mientras las compañías hagan los planteos de inconstitucionalidad de algunos artículos- deberán suspender de forma inmediata la incorporación de socios directos ya que es el único mecanismo en primera instancia legal para no tener que sufrir las consecuencias del art. 10. Esto provocará que miles de argentinos no puedan sumarse al sistema privado de salud provocando un doble efecto negativo: por un lado la insatisfacción de no poder hacerlo y, por el otro, un aumento exponencial de demanda hacia la atención y gasto de parte del Estado.
Puede pensarse que –de aprobarse la ley- el colapso alcanzará sólo a las empresas más importantes del sector. Como representante de su provincia, debe saber que en el interior del país existen pequeñas y medianas organizaciones, y hasta clínicas privadas, que verán imposibilitada su sobrevivencia en un instante.
En lo personal me he manifestado reiteradamente a favor de la sanción de una nueva ley que regule el sistema privado de salud. Pero considero que la misma debe ser fruto de un entendimiento de parte de todos los actores involucrados y no una medida que perjudique a millones de afiliados y torne impracticable la ley, en el mismo momento de su sanción.
Ante las actuales circunstancias, acudo a los señores senadores para que, apelando a su buena fe, me permitan participar de la reunión de Comisión de Salud el próximo martes, a fin de explicar las razones por las cuales considero que estamos frente a la inminencia de un perjuicio abrumador para los 4,5 millones de afiliados que, de sancionarse la ley sin modificación alguna, se verán afectados de manera inmediata.
Me pongo a su total disposición para acercarle la visión de nuestro sector que consideramos puede resultar un aporte valioso en el debate del proyecto de ley en cuestión.
Atentamente,
Claudio Belocopitt
Presidente
Claudio Belocopitt
Presidente
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