- 25.07.2010 , por Marcela Fernández
Severas irregularidades fueron detectadas en el servicio de hemoterapia de la Clínica Caraffa, de la ciudad de Córdoba, en una inspección de rutina realizada el mes pasado por el Ministerio de Salud de la Provincia.
El hecho determinó la inmediata clausura del banco de sangre del establecimiento y también la presentación de una denuncia penal por parte de las autoridades sanitarias contra el responsable de esa área de la institución, Francisco Ferrer Vera, quien hasta ese momento era, a su vez, el director médico de la Caraffa.
De la auditoría surgió la falta de documentación que demostrara en forma fehaciente que a quienes donaron sangre en esa institución entre 2008 y el corriente año se les hayan realizado los análisis de laboratorio requeridos por las leyes de sangre nacional y provincial para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, como por ejemplo VIH o hepatitis B y C, entre otras.
La información fue brindada a La Voz del Interior por el ministro de Salud de la Provincia, Oscar González, quien admitió la preocupación de la cartera sanitaria por las personas que recibieron transfusiones de sangre en esa clínica privada, durante el período en el que no se hallaron registros respaldatorios de la serología que debe hacerse a cada dador.
Al respecto, el funcionario anticipó que la cartera sanitaria realizará un testeo serológico a todas las personas que donaron sangre en la Caraffa entre abril de 2008 y el 1#176; de junio de este año, cuando se hizo la auditoría. "Se toma ese período porque, en la anterior inspección, que se hizo en abril de 2008, todo estaba en orden", precisó González.
Patricia Ferrero, titular del Departamento Provincial de Sangre, consideró que los dadores a testear serían alrededor de 1.300 y detalló que los análisis se realizarán en el Laboratorio Central de la Provincia.
Entre los dadores, hay cuatro a los que, por los registros contradictorios detectados, se les dará tratamiento prioritario, según indicó González.
"Nuestra obligación es averiguar si alguien contrajo alguna enfermedad, para que, si es así, se la detecte cuanto antes para actuar en consecuencia", dijo el ministro.
El funcionario aclaró que, si el Ministerio detecta que algún dador es portador de alguna patología, se contactará a los receptores.
Expertos consultados explicaron que de cada unidad de sangre que se dona, se pueden obtener al menos tres hemocomponentes (plasma, glóbulos rojos y plaquetas), que pueden ser transfundidos a otras tantas personas. El número de receptores posibles aumenta, a su vez, si los hemocomponentes se transfunden a bebés.
Lo que no estaba. Entre la documentación faltante en el servicio de hemoterapia de la Clínica Caraffa, se cuentan registros de resultados de los análisis de los donantes; registros que emiten los equipos donde se procesan las muestras de sangre; protocolos de trabajo y manuales de procedimientos; facturas que demuestren la compra de reactivos, a la vez que también se hallaron equipamientos incompletos, según precisó la directora del Laboratorio Central de la Provincia, Analía Cudolá, quien realizó la auditoría con Ferrero.
Las funcionarias afirmaron, además, que "el responsable del banco de sangre admitió durante la inspección que no se realizaba el análisis P24, para reducir el período ventana del VIH exigido por ley, por una cuestión de costos".
La fiscalización se realizó el 1#176; de junio pasado y asistieron ambas funcionarias, ya que la Caraffa estaba habilitada no sólo para realizar transfusiones, sino también para efectuar la serología a los dadores ("categoría A").
Ante la falta de la documentación exigida por las normas, González informó que la cartera sanitaria procedió a clausurar el servicio en forma inmediata, para evitar que se hicieran nuevas transfusiones, y se otorgaron 48 horas para presentar la documentación que supuestamente se encontraba en otro lugar.
Como los requisitos no fueron cumplimentados en la nueva auditoría, ni tampoco en otra realizada 24 horas después, y se hallaron más irregularidades en el servicio, el Ministerio de Salud dispuso clausurar en forma definitiva el servicio de hemoterapia categoría A.
También se exigió a la clínica, para seguir funcionando, la contratación de otro prestador que garantizara las correctas prácticas en hemoterapia. A su vez, el 7 de junio pasado se presentó la denuncia penal contra el titular del servicio en la fiscalía de turno y se elevó una notificación al Consejo de Médicos de la Provincia.
Al margen de las actuaciones judiciales, las autoridades sanitarias no descartaron sanciones para la clínica, en función de lo que surja del sumario en curso, según anticipó González.
Un caso aislado. El titular de Salud de la Provincia enfatizó, no obstante, que se trata de un caso aislado, que no refleja la realidad de Córdoba en materia de prácticas en hemoterapia. "De hecho, hicimos 40 inspecciones en los primeros seis meses del año, que representan más o menos la mitad de los servicios privados, y éste fue el único caso irregular", aseguró González. También subrayó que el 90 por ciento de la sangre que se transfunde en la provincia se concentra en laboratorios centralizados, donde se usan técnicas de biología molecular, que ahora se estudia exigir a todos los bancos de sangre.
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